Regula cómo se gestiona el ciclo integral del agua en Galicia y cómo Augas de Galicia puede prestar esos servicios.

Qué dice, en claro

Resumen generado con IA. Puede contener errores: el texto que vale es el publicado en el BOE. Cómo se hacen los resúmenes.

La norma es muy larga: esta explicación se hizo con su parte principal, sin anexos ni tablas.

La ley fija medidas para mejorar el abastecimiento, el saneamiento y la depuración del agua en Galicia. Permite que Augas de Galicia asuma voluntariamente la gestión de servicios e infraestructuras locales, con convenios y un sistema de cánones cuando presta esos servicios.

A quién afecta

• Administraciones públicas y agentes que intervienen en la gestión del ciclo integral del agua en Galicia
• Municipios gallegos responsables de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración
• Personas usuarias de servicios de depuración gestionados por Augas de Galicia

Qué cambia

• Se fijan medidas de planificación, control y mejora de los sistemas de abastecimiento, saneamiento y depuración.
• Se prevén revisiones de las instalaciones de saneamiento, depuración y abastecimiento con una periodicidad mínima quinquenal.
• Los sistemas de saneamiento y depuración que atiendan a aglomeraciones de más de dos mil habitantes equivalentes deben disponer de planes de control anual de vertidos.
• Se establecen medidas para reducir la entrada de aguas blancas en redes de saneamiento y mejorar la gestión de aguas pluviales.
• Los sistemas de abastecimiento que suministren a más de veinte mil habitantes deben sectorizar sus redes de distribución.
• Determinadas instalaciones deben contar con planes de optimización de la eficiencia energética.
• Augas de Galicia puede gestionar infraestructuras y prestar servicios a solicitud voluntaria de las administraciones locales, mediante el procedimiento y los convenios previstos.
• Se crean cánones de gestión de depuradoras, de redes de colectores y de abastecimiento, con naturaleza de tasa. El canon de gestión de depuradoras es incompatible con tributos municipales destinados a sufragar la depuración.

Qué hay que hacer

• Las administraciones locales que quieran que Augas de Galicia asuma la gestión deben presentar una solicitud dirigida a Augas de Galicia. Si la infraestructura supramunicipal está en cotitularidad, deben solicitarlo conjuntamente todas las administraciones titulares.
• Las administraciones solicitantes deben responder a la propuesta de convenio en el plazo de un mes; las decisiones de aceptación o rechazo deben acordarse en sesión plenaria.
• Las personas contribuyentes deben instalar y mantener por su cuenta un mecanismo homologado de medición directa del agua utilizada o consumida, cuando corresponda.
• Las personas contribuyentes que tengan captaciones propias deben declarar el volumen medido en la forma y plazos que se determinen reglamentariamente.

Plazos

• En el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, Augas de Galicia debe realizar una propuesta inicial de aglomeraciones urbanas.
• Las administraciones responsables disponen de dos meses para presentar sugerencias sobre la propuesta de aglomeraciones urbanas; Augas de Galicia debe responder en el plazo máximo de un mes.
• El ente público representativo debe comunicar un programa de acción en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la notificación de incumplimientos o riesgos.
• Las instalaciones de saneamiento y depuración deben revisarse con una periodicidad mínima quinquenal.
• Los planes de control anual de vertidos deben aprobarse en el plazo máximo de dos años desde la publicación de las directrices para su redacción.
• En el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, determinados sistemas de depuración deben adaptarse para recibir y tratar residuos de fosas sépticas domésticas.
• En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, Augas de Galicia debe desarrollar directrices para el saneamiento y la depuración en pequeños núcleos.
• En el plazo máximo de cuatro años desde la entrada en vigor de la presente ley, determinadas aglomeraciones deben disponer de caudalímetros en puntos de la red y en la entrada de instalaciones de depuración.
• Las administraciones solicitantes y, en su caso, las entidades beneficiarias disponen de un mes para responder a la propuesta de convenio.
• La exención por exclusión social produce efectos a partir del primer día natural del tercer mes siguiente al de su acreditación o en el siguiente periodo de liquidación, en el caso de captaciones propias.