La ley cambia las reglas de planificación, uso y cobro por las infraestructuras ferroviarias.
Título oficial: Ley 26/2022, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.
Fuente: Boletín Oficial del Estado Basado en datos de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
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La norma es muy larga: esta explicación se hizo con su parte principal, sin anexos ni tablas.
La norma modifica la regulación ferroviaria en materias como la planificación de la red, las obras y las instalaciones. También cambia cómo se determinan y cobran los cánones por utilizar infraestructuras e instalaciones de servicio.
La ley redefine qué elementos forman parte de la infraestructura ferroviaria y de la Red Ferroviaria de Interés General. Establece nuevas reglas de planificación y consulta, exige un estudio de viabilidad antes de tramitar determinados estudios informativos y modifica las condiciones aplicables a obras, terrenos y edificaciones junto a las vías.
Los administradores de infraestructuras pasan a determinar los cánones ferroviarios dentro del marco fijado por la ley. Deben publicar sus criterios en la declaración sobre la red; los cánones pueden incluir componentes, recargos y bonificaciones previstos en el texto. También se modifican las reglas sobre instalaciones de servicio, tasas, puertos y competencias de las administraciones.
A quién afecta
- Empresas ferroviarias y otros candidatos que soliciten o utilicen capacidad ferroviaria
- Titulares y explotadores de instalaciones de servicio ferroviarias
- Comunidades autónomas y entidades locales afectadas por la planificación ferroviaria
- Propietarios y titulares de bienes o instalaciones afectados por obras ferroviarias
- Personas que promuevan obras en zonas de dominio público o de protección ferroviaria
Qué cambia
- La Red Ferroviaria de Interés General puede incluir infraestructuras, estaciones de viajeros y terminales de mercancías esenciales para el sistema común de transporte.
- Antes de tramitar determinados estudios informativos debe hacerse un estudio de viabilidad que incluya alternativas, demanda y análisis coste-beneficio.
- Se amplían las consultas a comunidades autónomas y entidades locales sobre planificación, proyectos y planeamiento urbanístico.
- Se modifican las distancias y condiciones de las zonas de dominio público, protección y límite de edificación, con reglas específicas para suelos urbanos y túneles.
- Los cánones ferroviarios pasan a ser prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario y su cuantía la determinan los administradores de infraestructuras conforme a la ley.
- Se establecen modalidades de cánones por acceso y uso de líneas, instalaciones de electrificación, estaciones y otras instalaciones de servicio.
- Se prevén recargos y bonificaciones relacionados, entre otros aspectos, con la capacidad no utilizada, la congestión y el crecimiento del tráfico.
- Las obras y actividades directamente vinculadas al tráfico ferroviario en instalaciones de servicio quedan exentas de determinados permisos y licencias municipales, con comunicación previa del proyecto a la administración urbanística.
Qué hay que hacer
- Quien solicite autorización para realizar actividades en zonas de dominio público o de protección ferroviaria debe obtener la autorización previa del administrador de infraestructuras y pagar los costes de estudio, tramitación y seguimiento.
- Quien reciba una oferta de indemnización por una declaración de emergencia dispone de diez días desde la notificación para aceptarla o rechazarla.
- Si se rechaza la oferta de indemnización, o no se responde dentro del plazo, las partes deben presentar sus tasaciones fundadas al órgano competente en el plazo de veinte días posterior.
Plazos
- La estrategia indicativa de la red cubrirá un período temporal de, al menos, cinco años.
- Las administraciones afectadas disponen de un mes para informar sobre el estudio informativo.
- El trámite de información pública del estudio informativo dura treinta días hábiles.
- Si se mantiene una discrepancia sobre determinados estudios informativos, el período de consultas no será inferior a dos meses.
- El planeamiento afectado deberá acomodarse al proyecto en el plazo de un año desde su aprobación.
- Un estudio informativo deja de tener efecto si transcurren diez años desde su aprobación formal sin que se hayan iniciado las obras.
- Un proyecto de construcción queda sin efecto si transcurren cinco años desde su aprobación técnica sin que se hayan iniciado las obras.
- Los titulares de bienes o instalaciones que impidan o entorpezcan significativamente las obras deben retirarlos o modificarlos en un plazo máximo de seis meses desde la solicitud.
- El administrador de infraestructuras puede convenir con esos titulares que realizará las actuaciones necesarias durante el plazo de dos meses desde la solicitud.
- El plazo para pagar los cánones es de veinte días hábiles desde la notificación de la liquidación.
- La lista de segmentos de mercado se revisará, al menos, cada cinco años.
- Los cambios en elementos esenciales de un recargo deben hacerse públicos con una antelación de al menos tres meses respecto a la fecha límite para publicar la declaración sobre la red.
- La obligación de publicar la declaración sobre la red en las lenguas cooficiales no se aplica hasta la publicación de la declaración de red de 2025, en diciembre de 2023.
- El catálogo de la Red Ferroviaria de Interés General se revisará cada tres años.
- La suspensión de determinadas clasificaciones urbanísticas, autorizaciones y licencias puede durar como máximo un año desde la publicación del anuncio de información pública y prorrogarse motivadamente por un plazo máximo de seis meses.
Preguntas y respuestas
¿Quién determina la cuantía de los cánones ferroviarios?
Los administradores de infraestructuras ferroviarias, conforme al régimen legal y reglamentario. Deben publicar los criterios de cuantificación en la declaración sobre la red.
¿Cuánto tiempo hay para pagar un canon?
El pago debe efectuarse en el plazo de veinte días hábiles desde la notificación de la liquidación.
¿Hay que hacer un estudio de viabilidad antes de tramitar un estudio informativo?
Sí. Debe incluir un análisis previo de alternativas, un estudio de la demanda y un análisis coste-beneficio. El Consejo Asesor de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana debe emitir informe.
¿Qué plazo hay para responder a una oferta de indemnización por obras de emergencia?
Diez días desde la notificación de la declaración de emergencia. La respuesta debe indicar si se acepta o se rehúsa la oferta.
¿Se necesitan licencias municipales para las obras vinculadas al tráfico ferroviario en instalaciones de servicio?
No se requiere ese control preventivo municipal. Antes de aprobarse, el proyecto constructivo debe comunicarse a la administración urbanística competente, que dispone de un mes para informar.
¿Cuándo se aplica la exención de permisos y licencias en instalaciones de servicio?
A las obras y actividades directamente vinculadas al tráfico ferroviario realizadas por sus explotadores, tanto en instalaciones ya en servicio como en las de nueva construcción.
Respuestas generadas con IA a partir del texto de la norma. El que vale es el publicado en el BOE.
Datos oficiales
- Tipo
- Ley 26/2022
- Organismo
- Jefatura del Estado
- Fecha de la norma
- 19 de diciembre de 2022
- Publicada en el BOE
- 20 de diciembre de 2022
- En vigor desde
- 21 de diciembre de 2022
- Identificador
BOE-A-2022-21574- Última actualización en el BOE
- 20 de diciembre de 2025
Temas
- Derecho Administrativo
- Obras y construcciones
- Organización de la Administración
- Sistema tributario
- Trabajo y empleo
- Transportes y tráfico
- Vivienda y urbanismo
Materias: Agencias estatales · Autopistas · Autoridades Portuarias · Autorizaciones · Certificaciones · Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia · Contaminación acústica · Controladores aéreos · Dirección General de Transportes Terrestres · Edificaciones · Exenciones · Expropiación forzosa · Ferrocarriles · Impuesto sobre el Valor Añadido · Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados · Información · Infracciones · Jubilación · Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana · Obras · Ordenación del territorio · Precios · Procedimiento administrativo · Puertos · Red Ferroviaria de Interés General · Sanciones · Sociedades Anónimas · Suelo · Tarifas · Tasas · Telecomunicaciones · Transporte de mercancías · Transporte de viajeros · Transportes aéreos · Transportes terrestres · Túneles
Normas que cita o modifica
- modifica la disposición adicional 135 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, (en el BOE)
- modifica , SUPRIME y AÑADE determinados preceptos a la Ley 38/2015, de 29 de septiembre (en el BOE)
- modifica el art. 11.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio (en el BOE)
- modifica la disposición adicional 4 y AÑADE la transitoria 3 a la Ley 9/2010, de 14 de abril (en el BOE)
- modifica el art. 7.8.f).d) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre (en el BOE)
- modifica el art. 4.b) y AÑADE el 3 bis al Decreto 137/1960, de 4 de febrero (en el BOE)
- transpone la Directiva 2012/34/UE, de 21 de noviembre
Otras normas que menciona (13)
Las que nombra su texto y hemos podido identificar sin dudas.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre (en el BOE)
- Ley 39/2015, de 1 de octubre (en el BOE)
- Ley 40/2015, de 1 de octubre (en el BOE)
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en el BOE)
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre (en el BOE)
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre (en el BOE)
- Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre (en el BOE)
- Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (en el BOE)
- Ley 2/2015, de 30 de marzo (en el BOE)
- Ley 49/2002, de 23 de diciembre (en el BOE)
- Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre (en el BOE)
- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (en el BOE)
- Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre (en el BOE)