Murcia establece medidas contra la ocupación y modifica las normas de vivienda y gestión de ayudas y fondos públicos

Qué dice, en claro

Resumen generado con IA. Puede contener errores: el texto que vale es el publicado en el BOE. Cómo se hacen los resúmenes.

La ley incorpora medidas regionales contra la ocupación de viviendas y para asesorar a sus víctimas. También cambia la gestión de determinadas ayudas para reconstruir viviendas dañadas por el terremoto de Lorca y permite anticipos de caja a ciertas entidades públicas.

A quién afecta

• Propietarios y ocupantes de viviendas en la Región de Murcia
• Personas víctimas de ocupación en la Región de Murcia
• Personas adjudicatarias o arrendatarias de viviendas de promoción pública o social
• Empresas que suministran servicios a viviendas en la Región de Murcia
• Entidades del sector público regional que puedan recibir anticipos de caja
• Personas beneficiarias de ayudas para reparar daños de los terremotos de Lorca

Qué cambia

• La normativa de vivienda regional incorpora como objetivo luchar contra las formas de ocupación de la propiedad privada dentro de las competencias autonómicas.
• Se crea un canal de denuncias anónimas sobre ocupaciones y cesiones fraudulentas, preservando la identidad de quienes denuncien.
• Las empresas de servicios deben comprobar que quien solicita el servicio es el legítimo ocupante o alguien autorizado por él, y comunicar las ocupaciones cuando tengan fundadas sospechas.
• Se prevé asesoramiento jurídico para las víctimas de ocupación mediante convenios con colegios de abogados de la Región de Murcia.
• Se fijan causas para promover la pérdida del uso o resolver contratos de viviendas de promoción pública o social, entre ellas la cesión fraudulenta, el subarriendo y no usar la vivienda como domicilio habitual y permanente.
• Las administraciones locales deben comunicar a la Administración regional los casos de ocupación detectados en sus municipios.
• Si no se necesita un préstamo del Instituto de Crédito Oficial para pagar las ayudas por los terremotos de Lorca, el pago correspondiente a la Comunidad Autónoma se tramita mediante la gestión ordinaria de créditos propios.
• Se permite conceder anticipos de caja a ciertas entidades del sector público regional, normalmente hasta el 25 por cien de su presupuesto inicial, y deben reintegrarse en un plazo no superior a 12 meses.

Qué hay que hacer

• Las empresas de servicios deben comprobar que quien solicita un servicio está legitimado para ocupar la vivienda.
• Las empresas suministradoras deben comunicar a la dirección general competente los casos de ocupación cuando tengan fundadas sospechas.
• Las administraciones locales deben comunicar a la Administración regional los casos de ocupación detectados en sus municipios.
• Quien reciba un anticipo de caja debe reintegrarlo en un vencimiento no superior a 12 meses desde su concesión.

Plazos

• Las personas sancionadas en firme, penal o administrativamente, por ocupación o usurpación en los últimos diez años no cumplen el requisito correspondiente para acceder en propiedad a viviendas de promoción pública.
• Los contratos de venta con una antigüedad igual o superior a diez años pueden darse por amortizados si no hay deudas en el pago de los recibos y sus titulares están en alguna de las situaciones previstas en el artículo 41.
• Los anticipos de caja deben reintegrarse con un vencimiento no superior a 12 meses desde su concesión.