La norma fija los requisitos mínimos para que los municipios regulen zonas de bajas emisiones

Qué dice, en claro

Resumen generado con IA. Puede contener errores: el texto que vale es el publicado en el BOE. Cómo se hacen los resúmenes.

Las entidades locales deben diseñar y regular las zonas de bajas emisiones con objetivos medibles sobre calidad del aire y reducción de emisiones. Los proyectos deben prever restricciones para los vehículos más contaminantes, seguimiento de resultados y participación pública.

A quién afecta

• Entidades locales que establezcan zonas de bajas emisiones
• Conductores y propietarios de vehículos que circulen, estacionen o accedan a esas zonas

Qué cambia

• Fija requisitos mínimos para los proyectos de zonas de bajas emisiones establecidos por las entidades locales.
• Exige objetivos cuantificables de calidad del aire y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
• Prevé restricciones de acceso, circulación y estacionamiento según el potencial contaminante de los vehículos.
• Permite excepciones a las restricciones solo en casos debidamente justificados y si se cumplen los objetivos.
• Exige un proyecto previo, información pública y un sistema continuo de seguimiento.
• Establece que los proyectos se revisen al menos a los tres años de su establecimiento y, después, al menos cada cuatro años.
• Obliga a revisar las zonas establecidas antes de la entrada en vigor para adaptarlas a la norma.

Qué hay que hacer

• Las entidades locales deben preparar un proyecto antes de establecer una zona de bajas emisiones y someterlo a información pública durante un plazo no inferior a treinta días.
• Las entidades locales deben informar a la Dirección General de Tráfico y a las autoridades autonómicas competentes en materia de tráfico sobre el contorno, los horarios, si los hubiera, y los vehículos permitidos, en el plazo máximo de un mes desde el establecimiento de la zona.
• Las entidades locales deben informar sobre la zona al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al órgano autonómico competente en medio ambiente, en el plazo máximo de un mes desde su establecimiento.
• Las entidades locales deben revisar los proyectos al menos a los tres años de su establecimiento y, posteriormente, al menos cada cuatro años.
• Quienes accedan, circulen o estacionen en una zona deben respetar sus restricciones; incumplirlas constituye una infracción grave y se aplica el régimen sancionador previsto en la normativa de tráfico.

Plazos

• Información pública del proyecto: plazo no inferior a treinta días.
• Información a las autoridades competentes: plazo máximo de un mes desde el establecimiento de la zona.
• Revisión del proyecto: al menos a los tres años de su establecimiento y, posteriormente, al menos cada cuatro años.
• Las zonas establecidas antes de la entrada en vigor deben revisarse para adaptarse a la norma en un plazo máximo de 18 meses desde dicha entrada en vigor y, posteriormente, cada cuatro años.