Subvenciones directas a entidades para financiar la acogida de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional y temporal

Qué dice, en claro

Resumen generado con IA. Puede contener errores: el texto que vale es el publicado en el BOE. Cómo se hacen los resúmenes.

La norma incluye tablas que esta explicación no recoge: consulta en el texto oficial las cifras, plazos o listas que aparezcan en ellas.

La norma regula ayudas directas a 19 entidades para financiar durante 2022 recursos de acogida y medidas de integración. Incluye atención inicial, alojamiento, apoyo para ganar autonomía e inserción laboral, además de equipamiento y adaptación de inmuebles.

A quién afecta

• Las 19 entidades no lucrativas enumeradas en el artículo 4 como beneficiarias de las subvenciones.
• Personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional, personas apátridas y personas solicitantes o beneficiarias de protección temporal atendidas por los programas.

Qué cambia

• Se conceden directamente subvenciones a 19 entidades para financiar el sistema de acogida de protección internacional y temporal.
• Se financian actuaciones de primera acogida, dispositivos de acogida e integración, atención a grupos específicos, equipamiento y adaptación de inmuebles e inserción laboral.
• Los programas pueden ejecutarse desde el 1 de mayo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, con la excepción prevista para entidades autorizadas para la acción concertada.
• La financiación total se distribuye en 384.823.085,97 euros para las prioridades I.1, I.2, III.3 y V, y 7.021.653,86 euros para la prioridad IV.
• Los proyectos de las prioridades III.3 y IV pueden recibir cofinanciación del FAMI de hasta el 75 por ciento del gasto subvencionable como norma general, o hasta el 90 por ciento para determinadas acciones.
• Las entidades deben justificar los gastos mediante una cuenta justificativa con informe de auditoría; para proyectos de las prioridades I.1 y I.2, el auditor puede revisar una muestra representativa.
• Las subvenciones son compatibles con otras ayudas para la misma finalidad, pero no durante el mismo periodo.
• Las entidades deben conservar los documentos justificativos durante 8 años desde la finalización de la ejecución de cada proyecto o hasta que prescriba el derecho de la Administración a exigir el reintegro.

Qué hay que hacer

• Las entidades beneficiarias deben presentar la solicitud y la documentación por medios electrónicos, con los modelos disponibles en la web del Ministerio, dentro de los quince días siguientes a la notificación del acuerdo de inicio.
• Las entidades deben justificar los gastos dentro de los dos meses siguientes a la fecha de finalización del periodo de ejecución fijado en la resolución de concesión.
• Si una entidad solicita una modificación de su proyecto, debe presentar una solicitud fundamentada tan pronto como aparezcan los motivos y antes de que termine el periodo de ejecución.
• Si una entidad quiere subcontratar una actividad no prevista en la solicitud inicial, debe pedir autorización previa; la solicitud debe formularse antes de los treinta días previos a la finalización del periodo de ejecución.

Plazos

• Quince días desde la notificación del acuerdo de inicio para presentar la solicitud y la documentación.
• Tres meses desde la notificación del acuerdo de inicio para dictar y notificar la resolución de concesión; puede acordarse una ampliación en los términos indicados en el texto.
• Un mes para interponer recurso potestativo de reposición contra la resolución de concesión.
• Desde el 1 de mayo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022: periodo posible de ejecución de los programas, salvo la regla especial para entidades autorizadas para la acción concertada.
• Dos meses desde la finalización del periodo de ejecución fijado en la resolución para justificar los gastos.
• Antes de los treinta días previos a la finalización del periodo de ejecución: plazo para solicitar autorización de una subcontratación no prevista inicialmente.
• Ocho años desde la finalización de la ejecución de cada proyecto para conservar los documentos justificativos, o hasta que prescriba el derecho de la Administración a exigir el reintegro.
• Cinco años como mínimo para destinar los bienes subvencionados que puedan inscribirse en un registro público al fin concedido; dos años como mínimo para los demás bienes.